El esquema que surgió luego de la capitalización de la CDEEE en 1999 fue planteado para equilibrar oferta y demanda a través de contratos de largo plazo y el mercado spot, con la promesa de estimular la competencia, atraer nuevas inversiones y expandir el sistema eléctrico. En teoría, las licitaciones internacionales debían garantizar una base estable de generación, mientras el despacho por costo marginal impulsaría a los generadores a mejorar su posición en el mercado.
Sin embargo, la experiencia dominicana descrita en el propio análisis muestra una brecha entre el diseño y los resultados. De 2003 a 2012, las inversiones en nuevas plantas fueron escasas, e incluso nulas en algunos períodos. La capacidad instalada subió de 3,340 MW en 2003 a 3,550 MW en 2012: solo 210 MW más en nueve años. Ese comportamiento, según el texto, demuestra que el esquema no consiguió incentivar la inversión necesaria para sostener el crecimiento ni la estabilidad del sistema.
Con ese balance, el debate sobre energía se traslada al plano de la rendición de cuentas institucional. La idea de que hace falta un liderazgo estatal firme, con una regulación adecuada e incentivos transparentes para promover la inversión privada, vuelve a subrayar una advertencia central: sin reglas claras, supervisión efectiva y resultados comprobables, el discurso sobre confianza e inversiones estratégicas no alcanza para responder a una prioridad que incide de forma directa en el funcionamiento del sistema eléctrico.