Han pasado más de cuatro semanas desde la tragedia en la que murió Gabriela Cartagena Gómez mientras practicaba snorkel en Bahía de las Águilas, y su familia continúa reclamando justicia por un hecho que también deja al descubierto una deuda de vigilancia y control en una zona presentada como destino de alto valor para el país. La joven estadounidense, de 20 años, fue golpeada por una lancha la tarde del 20 de junio cuando estaba en el agua junto a sus padres, su hermano y una guía.
Olga Gómez, su madre, la describió como “una luz” y como el centro de la familia. Gabriela cursaba Economía y Negocios con enfoque en francés en la Universidad Georgia Tech, en Atlanta. Además, sobresalió en la música y el deporte: tocaba flauta traversa, fue elegida en 2020 para formar parte de las Georgia All-State Bands tras competir con más de 1,200 aspirantes y recibió el reconocimiento de “atleta del año” al finalizar la secundaria en el colegio Carol Morgan.
La demanda de justicia de sus familiares no solo mantiene el caso en la conversación pública, sino que también desplaza la atención hacia las explicaciones aún pendientes después de una muerte ocurrida en un punto emblemático del sur. En medio del discurso de promoción de destinos como Pedernales, la tragedia pone de relieve el costo humano de cualquier fallo de supervisión y refuerza la exigencia de rendición de cuentas sobre las condiciones reales de seguridad para quienes visitan estos espacios.