Los certificados de depósito son una herramienta de ahorro común entre las familias y empresas dominicanas, pero la falta de supervisión efectiva por parte de la Superintendencia de Bancos ha permitido prácticas que perjudican a los ahorrantes. Aunque estos instrumentos parecen simples, la penalidad por cancelación anticipada revela una realidad preocupante: en algunos casos, los bancos aplican penalidades sobre el capital del certificado, lo que contradice las mejores prácticas internacionales y afecta directamente el patrimonio de los clientes.
Una revisión de los contratos de adhesión de los principales bancos del país muestra que, en ciertas circunstancias, la penalidad se aplica de manera injusta. Mientras que algunas entidades retienen solo los intereses generados, otras imponen un cargo sobre el capital, especialmente cuando los intereses han sido pagados por adelantado. Esto significa que un cliente que decide retirar su dinero antes de tiempo puede ver reducido su capital, una situación que debería ser objeto de una urgente revisión por parte de las autoridades regulatorias. La falta de acción en este sentido no solo refleja un desgaste en la gestión de la Superintendencia, sino que también pone de manifiesto la desconexión entre el discurso oficial sobre protección al consumidor y la realidad que enfrentan los ahorrantes.