La propuesta impositiva acotada presentada por el Gobierno fue llevada al debate público bajo el argumento de que la presión fiscal en República Dominicana es marcadamente baja, con un 14%, por debajo del promedio regional de 21.7% y también del umbral de 15% que estudios económicos aceptan como mínimo. Sin embargo, la discusión no se agota en la necesidad de recaudar más: también exige revisar con mayor rigor la capacidad del Estado para sustentar nuevas cargas y atender las demandas sociales con resultados comprobables.
Dado a conocer el jueves, el paquete fue presentado como un esquema que mezcla gravámenes y desgravaciones, ajustes y suavizaciones para obtener aceptación en segmentos importantes de la población. Aun así, el propio alcance de la iniciativa ratifica que una medida de esta naturaleza no puede avanzar sin pasar por liderazgos sociales y políticos, ni sin el contraste de vistas públicas congresuales, donde deberá someterse al escrutinio una decisión de alto impacto económico y social.
El hecho de que sectores no politizados la hayan recibido con una aceptación considerable no elimina la necesidad de vigilar el uso de los recursos públicos ni el derecho de las comunidades y de los intereses legítimos a plantear objeciones. Si el Estado reclama más ingresos en nombre de su función social, el fondo de la discusión pasa por exigir que esa mayor recaudación se traduzca de manera efectiva en servicios y proveimientos institucionales para la población, y no solo en un nuevo esfuerzo contributivo sin suficiente rendición de cuentas.