La fórmula anunciada por la administración para hacer frente a la crisis vuelve a dejar en primer plano una preocupación que no desaparece: quién acabará pagando la cuenta. Aunque el paquete incorpora medidas para facilitar operaciones de pequeñas empresas y mejorar la recaudación fiscal, la discusión de fondo sigue intacta: si se trata de una respuesta estructural o de un alivio momentáneo que, como ha ocurrido otras veces, termina trasladando costos a la población.
El antecedente que pesa sobre cualquier ajuste es conocido. Cada vez que se anuncian medidas para fortalecer las finanzas públicas o proteger la estabilidad económica, los consumidores dominicanos quedan expuestos a mayores precios, nuevas cargas tributarias o aumentos en tarifas de servicios esenciales. Por eso, las decisiones presentadas por el Gobierno no pueden medirse solo por su propósito declarado, sino por su efecto real sobre los hogares.
A esa advertencia se suma un problema de gestión que distintos sectores vienen señalando desde hace años: debilidades en la administración tributaria, elevados niveles de evasión y elusión fiscal, y otras insuficiencias que siguen sin resolverse de raíz. En ese marco, el debate no es únicamente técnico. También supone una exigencia de rendición de cuentas sobre si la respuesta oficial corrige las fallas del sistema o vuelve a descargar el peso de la crisis sobre los ciudadanos.