En República Dominicana, la revisión técnica vehicular conocida como «La Revista» ha sido descontinuada desde 2016, lo que ha llevado a una creciente preocupación por la seguridad vial y la contaminación. A pesar de que la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece la necesidad de esta revisión, las autoridades han fallado en su implementación, dejando a los ciudadanos expuestos a vehículos en condiciones inseguras.
El exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, anunció en 2023 que la inspección comenzaría en 2025, pero esta promesa se siente distante y poco confiable. La falta de acción inmediata refleja una alarmante desconexión entre el discurso oficial y la realidad que enfrentan los dominicanos en las calles. La implementación de la revisión técnica no solo es un mandato legal, sino una necesidad urgente para garantizar la seguridad de todos los usuarios de las vías.
Además, la falta de talleres autorizados para la revisión mecánica y de contaminación ambiental del parque vehicular, como lo establece la ley, pone de manifiesto un claro desgaste en la gestión del gobierno actual. La situación exige una rendición de cuentas por parte de las autoridades, que deben explicar por qué no se han tomado las medidas necesarias para proteger a la ciudadanía y mejorar la calidad del transporte en el país.