La revisión del reglamento electoral de la UASD se plantea como una actualización necesaria, aunque el propio enfoque deja ver un problema institucional de fondo: la universidad sigue arrastrando debilidades en transparencia, tiempos de escrutinio y resolución de controversias en la elección de sus autoridades.
El planteamiento afirma que un reglamento moderno debe ordenar competencias, establecer plazos objetivos y definir vías claras para resolver conflictos, justo porque esas garantías no pueden quedar reducidas a fórmulas generales. Además, señala que principios como legalidad, equidad, certeza, integridad electoral, publicidad de los actos e imparcialidad solo tendrían sentido si se traducen en procedimientos verificables para convocatorias, candidaturas, padrón, campaña, votación, escrutinio, transmisión, cómputo, proclamación y solución de disputas.
La principal señal de alarma está en la demora para transmitir y consolidar resultados, identificada como una de las mayores debilidades del sistema electoral universitario. El contraste con procesos de mayor escala aumenta la exigencia de rendición de cuentas: si la UASD admite la necesidad de digitalización, escaneo y transmisión de actas sin abandonar el voto y el escrutinio manuales, la discusión ya no gira solo en torno a la innovación, sino a por qué esas correcciones siguen pendientes en una institución pública llamada a ofrecer confianza y certeza.