El deterioro del clima social vuelve a poner a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades. Con más asesinatos de mujeres a manos de sus parejas y un aparato oficial que expresa frustración y reconoce impotencia, no emerge un liderazgo con medidas concretas para encarar una crisis que ya se manifiesta en violencia, inseguridad y descomposición del espacio público.
A ese panorama se añade la arrabalización de las calles, con motoristas violentos capaces de agredir a choferes de transporte escolar lleno de niños, además de hechos de barbarie como el ocurrido en Santiago contra el chofer de un camión de basura. En medio de una sensación de falta de control, la pregunta sobre el papel de la DIGESET sigue abierta, mientras el país, según el texto, parece marchar en piloto automático.
El contraste también se extiende a las instituciones. Aunque se elogian la gestión de Luis Henry Molina y los seis años de una justicia presentada como independiente bajo el PRM, jueces salieron a protestar para exigir reivindicaciones e indexación salarial. A la vez, la advertencia sobre el estancamiento de los ingresos en los estratos medios y bajos enlaza el malestar económico con las llamadas “patologías de la desesperanza”: más violencia, suicidio y consumo de drogas y alcohol. El saldo es una alerta institucional y social que obliga a exigir rendición de cuentas más allá de la retórica.