El elevado número de muertes vinculadas al uso de motocicletas vuelve a poner en duda la capacidad del Estado para controlar el tránsito y proteger a la población. Si, como se plantea, el 70% de las fatalidades viales en República Dominicana está asociado a este medio de transporte, mantener correctivos débiles solo prolongaría una crisis de seguridad vial con altos costos humanos y económicos.
A partir de ahí, gana espacio la propuesta de suspender por un tiempo la importación de ciclomotores de baja cilindrada, presentada como una salida extrema frente a la falta de respuestas eficaces. La idea se apoya en un panorama descrito como de impunidad casi total, calles convertidas en tierra de nadie y un vacío de autoridad que ha dejado al Estado sin capacidad de frenar una de las principales fuentes de siniestralidad.
Aun sin llegar a una disposición tan drástica, el debate pone en evidencia la falta de controles previos suficientes sobre quienes acceden a este tipo de vehículos. La discusión también apunta a la debilidad institucional de la Digesett, señalada como incapaz de responder con sus actuales potestades, número de agentes y medios de desplazamiento. El resultado es una brecha cada vez más visible entre la obligación oficial de ordenar el tránsito y una realidad en la que siguen acumulándose víctimas, gastos para el Estado y una demanda pendiente de acciones contundentes.