Los resultados de Latino Barómetro dibujan una advertencia para la institucionalidad dominicana y la gestión pública: una mayoría de los encuestados estaría dispuesta a tolerar menos democracia si eso se traduce en soluciones concretas. El dato deja al gobierno dominicano y al Congreso bajo escrutinio, en un escenario en el que la ciudadanía vincula la democracia con respuestas que no aparecen en empleo, seguridad y servicios públicos.
El estudio señala que el 61% “acepta un gobierno autoritario si resuelve los problemas”, por encima del promedio latinoamericano del 52%, mientras la proporción de quienes prefieren la democracia a cualquier costo descendió del 55% al 47%. A ello se añade que el 69% cree que “un poco de mano dura no le hace daño al país”, el 68% no se siente representado por el Congreso y el 76% desconfía de que los impuestos se aprovechen con eficiencia en salud, trabajo y seguridad ciudadana. Además, el 68.4% califica la distribución del ingreso como “injusta” o “muy injusta”, y el 64.1% opina que el país está controlado por poderosos y grupos de presión que usan al gobierno para sus propios beneficios.
Más que una discusión teórica sobre sistemas políticos, las cifras reflejan el contraste entre el discurso democrático y la experiencia diaria de amplios sectores. Cuando la ciudadanía percibe que las instituciones no resuelven y que el poder actúa lejos de sus prioridades, se instala una alerta institucional sobre el costo social del desgaste de la gestión. El resultado es una demanda de vigilancia, rendición de cuentas y estabilidad del Estado apoyada en resultados verificables, no en promesas.