A 65 años del fin de la dictadura, el más reciente Informe Latinobarómetro, divulgado el 2 de octubre de 2026, sitúa a República Dominicana ante una señal de alerta institucional: el 69% de los dominicanos dice que no le importaría la llegada de un gobierno no democrático si logra resolver los problemas del país. Aunque el 47% sostiene que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, el dato revela un nivel de frustración social que obliga a fiscalizar con más rigor la capacidad del poder para responder a las prioridades ciudadanas.
El informe, que recoge opiniones sobre democracia, instituciones y funcionamiento de los gobiernos en América Latina, coloca además al país dentro de un escenario regional donde gana espacio la demanda de mayor firmeza. En ese marco, el respaldo a la democracia no puede leerse solo como una adhesión formal, sino también como una prueba de desgaste en la relación entre discurso institucional y resultados concretos, con impacto directo sobre la confianza pública y la seguridad ciudadana.
El propio debate sobre el valor de la democracia, que el texto original vincula con la libertad, la igualdad ante la ley y la necesidad de evitar la corrupción o la influencia indebida de los ricos y poderosos, refuerza la exigencia de rendición de cuentas. Para la sociedad civil y para el gobierno dominicano, la señal es clara: cuando crece la disposición a sacrificar reglas democráticas a cambio de soluciones, lo que está en juego no es solo una preferencia política, sino la estabilidad del Estado y la credibilidad de la gestión pública.