Los datos de Latinobarómetro 2026 retratan una señal de desgaste que va más allá de una medición de opinión: en República Dominicana, la desconfianza en las instituciones del régimen democrático se combina con una peligrosa disposición a aceptar atajos de poder si prometen resolver problemas. El estudio, divulgado el 2 de octubre, identifica niveles sumamente bajos de confianza en instancias como el Congreso, los partidos políticos y la Policía, en un contexto regional donde también se mide el respaldo ciudadano a la democracia frente a opciones autoritarias o populistas.
La cifra más delicada es política e institucional. Un 61% de los dominicanos afirma que no le importaría la llegada de un gobierno no democrático si resolviera los problemas nacionales, nueve puntos por encima del promedio latinoamericano. A la vez, el respaldo a la democracia cayó a 47%, ocho puntos menos que en 2024, mientras 69% considera que «un poco de mano dura no viene mal». El dato no describe una adhesión automática a una dictadura, pero sí un contraste severo entre el discurso democrático y la percepción ciudadana sobre la capacidad real del sistema para responder.
El mensaje de fondo es una alerta para el gobierno dominicano, para el Congreso y para los partidos: cuando la eficacia pesa más que la confianza institucional, el problema deja de ser retórico y pasa a ser de gestión, representación y credibilidad. En ese escenario, la sociedad civil queda ante la necesidad de redoblar la vigilancia sobre el poder y exigir explicaciones verificables sobre por qué una parte tan amplia del país se muestra dispuesta a relativizar la democracia con tal de ver resueltos sus problemas.