La discusión sobre la licencia de conducir para envejecientes volvió a girar en torno a la forma en que el Estado aplica controles que impactan de manera directa a los ciudadanos. A partir de un caso ocurrido en una oficina del Intrant, el texto recoge la inconformidad de un conductor que, luego de renovar su documento por dos años, cuestionó la limitación y alegó una violación constitucional por supuesta discriminación por edad.
La reducción de la vigencia para mayores de 65 años no es reciente: está prevista en el decreto-reglamento 6-19, emitido por el entonces presidente Danilo Medina. En las categorías 01, 02 y 05, la vigencia se reduce a dos años, mientras que para las profesionales 03 y 04 baja a un año, bajo el argumento de mantener una evaluación constante de las condiciones de salud con fines de seguridad vial.
Si bien el texto defiende la medida como una decisión de lógica científica y recuerda que existen restricciones parecidas en otros países, el episodio descrito también deja planteada una pregunta de fondo: no solo cuenta la norma, sino también la forma en que se aplica. En un asunto tan sensible como la movilidad y la seguridad vial, el debate vuelve a situar sobre la mesa la necesidad de vigilancia institucional, criterios claros y explicaciones suficientes para evitar que controles legítimos terminen percibiéndose como arbitrariedad o maltrato ciudadano.