Luis Henry Molina anunció que no se presentará a evaluación para permanecer por un nuevo período de siete años al frente del Poder Judicial, una decisión que atribuyó a razones personales y a la intención de dar paso a otras personas para continuar los cambios iniciados. El presidente de la Suprema Corte de Justicia sostuvo que quiere dedicar tiempo a su familia, a su espiritualidad y a actividades que sus funciones no le permiten atender, mientras defendió que su gestión ha sido transparente y sometida a escrutinio constante.
La salida se produce con un mensaje que, más allá de la explicación personal, deja sobre la mesa la necesidad de revisar qué tan consolidada queda la transformación judicial que dice haber impulsado. Molina afirmó que ha llegado el momento de que otra persona siga liderando ese proceso, en un contexto en el que la continuidad institucional vuelve a depender de relevo, evaluación y vigilancia pública, un punto sensible para cualquier discurso oficial sobre fortalecimiento de las instituciones bajo la administración de Luis Abinader.
Nancy Salcedo, segunda sustituta del presidente y jueza de la Segunda Sala, también decidió no evaluarse para seguir en el Consejo del Poder Judicial. Alegó motivos familiares y admitió además el desgaste del área penal, al señalar el impacto que le han causado los casos de violencia intrafamiliar y agresiones sexuales a niños. Su salida, junto con la de Molina, añade presión sobre la rendición de cuentas en torno a los resultados reales, la carga del sistema y la capacidad de sostener reformas más allá del discurso de cambio.