En la antesala de su campaña para la reelección a finales de este año, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva situó en el centro de la agenda una propuesta para reducir de 44 a 40 el máximo de horas semanales de trabajo en Brasil, sin recortar salarios. El Gobierno afirma que la medida pondría fin, en la práctica, a la situación de casi 15 millones de trabajadores formales que hoy solo cuentan con un día libre cada siete.
El proyecto, promovido por el legislador del Partido de los Trabajadores Reginaldo Lopes, es presentado por el oficialismo como una respuesta para ofrecer “más dignidad y tiempo libre” a quienes perciben menos ingresos y desempeñan sus labores en condiciones más exigentes. Los ministros también sostienen que el cambio reforzaría a las familias, la salud y el bienestar, además de elevar el rendimiento laboral.
Sin embargo, el movimiento también deja en evidencia el contraste entre el discurso de mejora social y la necesidad de traducir esa promesa en resultados concretos. En una economía que apenas ahora busca pasar de una semana laboral de seis a cinco días para millones de personas, la discusión entra en una fase de vigilancia política e institucional: el alcance real de la reforma, su aplicación y sus efectos deberán quedar bajo el escrutinio del Congreso y de los sectores que reclaman rendición de cuentas más allá del anuncio.