El tribunal mantuvo la prisión preventiva contra Miguel García, imputado por el asesinato de Deivy Carlos Abreu Quezada, ocurrido en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago.
La medida se conoce en un caso que ha dejado cuestionamientos sobre la seguridad dentro y alrededor de la sede judicial, por tratarse de un hecho violento registrado en un espacio de alta sensibilidad institucional.
La decisión judicial preserva la continuidad del proceso contra el imputado, mientras el expediente sigue su curso por un crimen que impactó directamente la percepción de resguardo en un recinto donde el Estado debe garantizar condiciones mínimas de protección para usuarios, visitantes y personal.
Hasta ahora, la información disponible no detalla nuevas medidas públicas de seguridad adoptadas tras el hecho ni ofrece elementos sobre seguimiento institucional o transparencia en la revisión de fallas que pudieron incidir en el caso.
En un contexto así, la responsabilidad de las autoridades no se limita a perseguir al acusado: también pasa por explicar cómo ocurrió el ataque, qué controles fallaron y qué correctivos concretos se han aplicado para evitar que un episodio similar vuelva a repetirse.