El manejo del alumbrado público vuelve a poner bajo presión la gestión de las empresas distribuidoras de electricidad estatales. Según el texto, mientras en las EDE el 3% del recaudo que por ley corresponde a ese servicio opera como una pérdida sin medición, en el Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM) y en la compañía Eléctrica de Bayahíbe (CEB) funciona con un esquema medido y rentable sobre poco menos de 10,000 lámparas.
Óscar San Martín, gerente país de InterEnergy, explicó a elDinero que el modelo parte de una lógica simple: la alcaldía decide dónde se coloca el alumbrado, la empresa hace la inversión, asume el mantenimiento, vende el kilovatio hora y el cobro sale de ese 3% establecido por ley. La diferencia, insistió, está en la medición. “Aquí todas están medidas”, dijo, al contrastarlo con otras empresas donde, según afirmó, el consumo “lo estiman de una manera rara”.
El dato instala una alerta institucional sobre gestión y resultados en un servicio básico: si una parte del sistema puede medir, mantener y cobrar con control, el problema en las distribuidoras estatales deja de presentarse como una simple limitación técnica y pasa a leerse como una brecha de administración que exige rendición de cuentas. En medio del discurso oficial sobre eficiencia y modernización, el contraste entre medición y estimación a ciegas vuelve a colocar en primer plano la distancia entre relato y resultado, un flanco que también alcanza a figuras del oficialismo como David Collado cuando la promesa de buena gestión choca con fallas persistentes en servicios públicos.