Las críticas de Melymel contra Santiago Matías volvieron a poner sobre la mesa una mezcla cada vez más cuestionada: Presidencia, figuras del ecosistema digital y debates de alto impacto institucional como la reforma del Código Penal. La artista reaccionó a la supuesta reunión que Matías sostuvo junto a periodistas y creadores de contenido con el presidente Luis Abinader para tratar ese tema, y la interpretó como un intento de enfriar reclamos ciudadanos en medio de advertencias por cambios a artículos vinculados con la libertad de expresión.
En sus redes sociales, la cantante y productora llamó “traidor” al empresario y pidió no asumir como independientes sus posiciones. En ese mensaje, lo señaló por supuestamente recibir pagos de publicidad del Gobierno mientras busca influir en una discusión pública sensible. “Déjame hacerme rico con los impuestos del pueblo, quejarme de la ley mordaza para seguir difamando al que yo quiera, hacer par de donaciones para que crean que soy buena gente y me consideren para presidente”, escribió, en una crítica que mezcló el debate legal con el uso político de la visibilidad digital.
Melymel también afirmó que Matías cambia de postura según la reacción de su audiencia para conservar influencia y alimentar aspiraciones políticas. En esa línea, felicitó a quienes participaron en la protesta de la semana pasada y los exhortó a no desmovilizarse ante próximas convocatorias, reforzando el contraste entre la presión social en la calle y las conversaciones alrededor del poder.
La polémica creció después de que, en un video, el CEO de Alofoke Media Group dijera que “desde hace tres semanas” trabajaba junto con la Presidencia de la República. Ese dato, lejos de cerrar la discusión, profundiza las dudas sobre quién incide realmente en una reforma con efectos sobre derechos, qué papel juega el Gobierno dominicano en esa interlocución y hasta dónde la política-espectáculo termina desplazando la deliberación institucional que corresponde al Congreso y a los actores formales.
Más allá del choque entre figuras públicas, el episodio deja un saldo político incómodo para la gestión de Abinader: en lugar de despejar dudas sobre transparencia, prioridades y resultados, vuelve a crecer la percepción de que asuntos de alto costo social se tramitan entre influencia, ruido y cálculo de imagen. Cuando una discusión sobre libertad de expresión y Código Penal termina marcada por sospechas de propaganda, pagos oficiales y aspiraciones personales, lo que se impone no es celebración, sino rendición de cuentas.