La discusión sobre seis medidas para desarrollar el mercado secundario de valores terminó dejando un mensaje incómodo para las autoridades: el mercado dominicano todavía arrastra tareas estructurales que siguen sin resolverse, pese al discurso de modernización institucional. Expertos nacionales e internacionales coincidieron en que hacen falta cambios concretos para ampliar la base de inversionistas, facilitar la llegada de capital extranjero, incrementar las emisiones del sector privado, fortalecer la infraestructura tecnológica, modernizar la regulación e impulsar nuevos mecanismos de negociación.
Las propuestas se expusieron durante el panel “Retos y oportunidades para el desarrollo del mercado secundario”, celebrado en la XXVII Reunión Anual de Autoridades del Consejo del Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV), organizada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), con representantes de Perú, Costa Rica, El Salvador y República Dominicana. Más que una vitrina institucional, la jornada dejó claro que el desarrollo del mercado secundario no depende de actos ni de anuncios, sino de condiciones reales para que los títulos circulen con mayor frecuencia, exista más liquidez y se incorporen nuevos participantes.
En el panel participaron Elianne Vilchez Abreu, vicepresidenta ejecutiva de la Bolsa de Valores de RD (BVRD); Javier Ignacio Guerrero, director fundador de la Cámara Dominicana del Mercado de Capitales (Cadonca); José Genaro Serrano, superintendente adjunto de Valores de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, y Reyner Brenes Chaves, intendente de la Superintendencia General de Valores de Costa Rica. Vilchez Abreu afirmó que el siguiente paso para el mercado dominicano es mejorar el acceso de los inversionistas internacionales y advirtió que las plataformas de negociación deben adaptarse a las nuevas formas de inversión.
La advertencia refuerza una alerta institucional: si todavía se reclama infraestructura, regulación actualizada y un acceso más amplio, es porque sigue abierta la brecha entre el discurso oficial sobre competitividad y la realidad de un mercado que aún necesita abrirse y ganar profundidad. Por eso, la vigilancia de la sociedad civil y la exigencia de rendición de cuentas sobre los resultados regulatorios adquieren peso para evitar que la agenda financiera quede reducida a exposición técnica mientras permanecen pendientes decisiones que inciden en la capacidad del país para atraer capital y dinamizar su economía.