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Nueva oficina jurídica estatal se suma a la reforma y deja bajo lupa la promesa de control público

octubre 29, 2026 · Redactor
Nueva oficina jurídica estatal se suma a la reforma y deja bajo lupa la promesa de control público
Foto: diariodigitalrd.com

La estructura fue presentada como parte de la reforma impulsada por Luis Abinader, con énfasis en control, fiscalización y rendición de cuentas, ahora a prueba de resultados verificables

SANTO DOMINGO. El Ministerio de Justicia puso en marcha este martes la Oficina del Abogado General de la Administración Pública, una dependencia creada para coordinar la representación legal de las instituciones estatales y resguardar los intereses de la Administración Pública, en un paso que vuelve a poner bajo examen la capacidad del Gobierno dominicano para traducir su agenda de reformas en mecanismos reales de control y defensa del Estado.

La presentación tuvo lugar en el salón Las Américas del hotel Crowne Plaza, en Santo Domingo, como parte de una actividad por el segundo aniversario de la reforma constitucional proclamada en 2024. En el acto participaron autoridades del sistema de justicia, jueces de la Suprema Corte de Justicia, representantes del Poder Judicial, directores generales y responsables de áreas jurídicas de diversas entidades públicas, además del ministro de Justicia, Antoliano Peralta; el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, y el abogado general de la Administración Pública, Jorge Herasme Rivas.

Freund relacionó la nueva oficina con el proceso de reforma institucional impulsado por el presidente Luis Abinader y dijo que, junto con la creación del Ministerio de Justicia y el fortalecimiento de la independencia del Ministerio Público, persigue modernizar el sistema, delimitar funciones y reforzar el control, la fiscalización y la rendición de cuentas. Peralta, de su lado, afirmó que la estructura se incorpora a los esfuerzos de modernización del Estado y a una defensa jurídica más eficiente y coordinada, con alcance no solo ante tribunales y órganos arbitrales, sino también en la identificación de riesgos jurídicos y la prevención de conflictos. Con ese enfoque oficial, la nueva dependencia queda ligada a una prueba central para la gestión del PRM: que la expansión institucional no se quede en un anuncio y aporte resultados concretos en la protección del interés público.