Nueva York dio luz verde a una legislación que obliga a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a trabajar con el rostro descubierto, en una decisión que sitúa la rendición de cuentas en el centro del pulso con la administración federal. La norma fue promulgada por la gobernadora Kathy Hochul apenas 24 horas después de que Tom Homan, encargado fronterizo federal, amenazara con un despliegue masivo en territorio neoyorquino.
Además, el paquete legal prohíbe usar cárceles locales para detener personas por causas migratorias y limita los registros en casas, hospitales, iglesias y escuelas sin orden judicial previa. El cambio responde a denuncias de organizaciones de Derechos Humanos sobre abusos cometidos desde el inicio de las deportaciones en masa, en operativos marcados por la opacidad y por el uso de máscaras para ocultar la identidad de los oficiales.
La presión para fijar estos límites aumentó tras episodios como las operaciones en Mineápolis, donde dos personas murieron a manos de agentes federales. Aunque la ley pretende reforzar controles institucionales frente al uso de fuerza y la falta de identificación visible, su aplicación se enfrenta a un escenario judicial incierto: en 2025, una norma similar en California fue anulada por un tribunal federal, y se espera que la administración central recurra la medida en los próximos días.