La entrada en vigor del nuevo Código Penal, prevista para el próximo tres de agosto, vuelve a poner bajo observación el alcance que tendrán sus disposiciones sobre difamación, redes sociales y medios de comunicación. El obispo de la diócesis de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, defendió la reforma al asegurar en su cuenta de X que servirá para proteger la “reputación e intimidad” de los ciudadanos dominicanos y para que el sistema judicial de República Dominicana “se modernice”.
Castro Marte afirmó que los artículos 208 y 209 funcionarán como un “vector” para perseguir a los “sicarios de la moral y las buenas costumbres”, en alusión a conductas que, según dijo, lesionan a diario a personas en redes sociales y en “otros medios de comunicación”. El artículo 208 define como difamación la alusión o imputación pública de un hecho preciso o concreto que afecte el honor, buen nombre, imagen, dignidad e integridad familiar de una persona física o jurídica, por vías públicas, audiovisuales, escritas, radiales, televisivas, streaming, electrónicas o en el ciberespacio.
A su vez, el 209 dispone sanción para quien haga esa imputación pública con el objetivo de obtener para sí o para un tercero un beneficio de cualquier naturaleza, o para que la víctima o un tercero realice, omita o tolere un acto. Con la entrada en vigor ya fijada, la atención se concentra ahora en cómo se aplicarán estas figuras y en la necesidad de vigilancia social sobre un instrumento que, aunque presentado como modernización, impactará de forma directa la vida digital, la reputación y la comunicación pública de los ciudadanos.