El nuevo Código Penal dominicano llegará en agosto con 71 artículos bajo cuestionamiento, en medio de advertencias sobre los desafíos constitucionales que acompañan su entrada en vigor.
La alerta fue planteada por Moscoso Segarra, quien colocó en discusión la necesidad de revisar los obstáculos legales que podrían incidir en la aplicación de la reforma. El planteamiento abre una nueva presión sobre el proceso de implementación, en un momento en que el país se prepara para estrenar un marco penal renovado.
Más allá de la fecha prevista para su puesta en marcha, el debate vuelve a centrarse en la solidez jurídica del texto, la pertinencia de los artículos objetados y el nivel de certeza con que el sistema de justicia podrá aplicarlo. En una reforma de este alcance, la publicación del nuevo código no agota las exigencias públicas: también importa cómo se ejecutará, qué controles tendrá y qué respuesta ofrecerá frente a las dudas ya identificadas.
La discusión sobre la revisión constitucional se suma así a los cuestionamientos previos sobre el contenido de la pieza y refuerza la necesidad de que las autoridades y los actores del sistema expliquen con precisión el impacto real de la reforma, su capacidad de aplicación y los mecanismos de seguimiento que acompañarán su entrada en vigor.