Organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, familiares de personas desaparecidas, académicos y ciudadanos reclamaron este domingo al Estado dominicano fortalecer los mecanismos de búsqueda e investigación de las desapariciones y adoptar una política nacional para enfrentar tanto los casos actuales como los ocurridos durante períodos de represión política. La declaración, difundida por el Día Internacional de las Personas Desaparecidas, coloca otra vez en el centro la exigencia de rendición de cuentas ante una deuda institucional que sigue abierta.
Los firmantes recordaron los casos del médico Manuel Antonio Tejada Florentino, desaparecido en 1960 durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo; Henry Segarra Santos, dirigente del Movimiento Popular Dominicano desaparecido en 1969 durante los llamados Doce Años de Joaquín Balaguer; el periodista y abogado Guido Gil, desaparecido en 1967, y Narciso González, conocido como “Narcisazo”, desaparecido en 1994. Sostienen que estos expedientes evidencian el uso de la desaparición forzada como mecanismo de persecución política y subrayan que, décadas después, las familias siguen sin saber plenamente qué ocurrió ni dónde están los restos de sus parientes, un contraste que refuerza la alerta sobre la capacidad del Estado para dar respuestas efectivas.
La declaración advierte además que las desapariciones continúan bajo otras circunstancias. Con cifras atribuidas a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), señala que en los últimos ocho años se han reportado 4,171 personas desaparecidas, de las cuales 241 permanecían sin ser localizadas. También indica que existen más de 2,200 casos de niños, niñas y adolescentes pendientes de resolución desde antes de 2022. Según los datos citados, en 2025 se reportaron 1,310 desapariciones, la cifra más alta desde 2022, y entre enero y octubre de ese año se registraron 1,054 denuncias, con 232 personas aún ilocalizables. Para los firmantes, el cuadro confirma la urgencia de una política de Estado y de investigaciones diligentes frente a un problema que la sociedad civil mantiene bajo vigilancia.