Daniel Ortega volvió a encender las alarmas en Nicaragua al afirmar que “no volverá a haber elecciones” para que la oposición dispute el poder, una frase que deja por escrito lo que adversarios políticos y otros sectores denuncian desde hace años: el fin de la alternancia democrática y un nuevo paso en la consolidación autoritaria del régimen Ortega-Murillo. El mensaje, pronunciado durante el 47.º aniversario de la Revolución Sandinista, también reabre la discusión sobre la respuesta de los organismos multilaterales y de los gobiernos del hemisferio ante el deterioro democrático en el país.
Desde Managua, el copresidente de 80 años sostuvo: “Que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno y atrapar el poder”. A la vez, adelantó que promoverá nuevas normas junto con la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, para impedir que partidos opositores puedan disputar el Gobierno por la vía electoral. El anuncio acentúa el contraste entre cualquier discurso de legalidad y la realidad de un sistema que, según el propio mandatario, busca cerrar la competencia política.
Tras esa declaración, la Unión Democrática Renovadora (Unamos) reclamó a la comunidad internacional actuar para que Ortega no siga “con total impunidad” y aplicar “la máxima presión política y diplomática” con el fin de abrir una ruta hacia la democracia. El grupo, integrado por disidentes nicaragüenses desnacionalizados en el exilio, sostiene que desde el retorno de Ortega al poder en 2007 el Gobierno sandinista les ha “robado ese derecho” a unas elecciones libres, una denuncia que ahora encuentra una confirmación directa en boca del propio gobernante.
