Decenas de jueces, juezas y servidores judiciales suspendieron este jueves todas las audiencias en las diferentes salas de San Pedro de Macorís y se concentraron frente al Palacio de Justicia, con apoyo del Ministerio Público y la seccional del Colegio de Abogados. La protesta dejó al descubierto un cuadro de precariedades que, según denunciaron, afecta el funcionamiento de los tribunales y obliga a revisar la capacidad de respuesta del sistema ante las necesidades de la población.
Durante la lectura de un manifiesto, la jueza Andrea Corcino Cueto señaló una cadena de problemas que incluye falta de personal y de jueces, baja remuneración salarial, carga de trabajo excesiva, renuncia masiva del personal administrativo, deterioro y abandono de la infraestructura de muchos tribunales del país, así como falta de seguridad en los palacios de justicia y para jueces y juezas. Advirtió que esas carencias se entrelazan y provocan situaciones cada vez más graves y alarmantes.
La jueza Gissel Fernández afirmó que entre las principales necesidades figuran mejores condiciones de trabajo, personal de apoyo y más jueces para hacer más efectiva la labor judicial. Al describir el nivel de presión, sostuvo: “Esta es una situación difícil, hemos tenido jueces que han sido declarado con cáncer, otros han tenido derrame cerebral, muchos han renunciado por la presión de las malas condiciones de trabajo, para nosotros mantener nuestros tribunales al día tenemos que trabajar de noche en la casa quitándole ese tiempo a nuestra familia”. La jornada de paro reubicó el foco sobre una alerta institucional: las deficiencias denunciadas ya no solo afectan al personal, sino también la continuidad y calidad del servicio judicial que recibe la ciudadanía.