La suspensión de las actividades mineras en Romero, San Juan, volvió a situar al Gobierno bajo presión por la viabilidad técnica de proyectos que enfrentan reparos de ambientalistas y otros sectores. En ese contexto, el conflicto en torno al relleno sanitario y a la planta de valorización de residuos sólidos proyectada en El Aguacate, Pedro Brand, se suma como otra señal de que los anuncios oficiales no han conseguido despejar las dudas sobre iniciativas presentadas como ambientales.
Pese a que se ha reiterado que el relleno no funcionará a cielo abierto, los ambientalistas sostienen su oposición al advertir que, al final, podría terminar operando como un vertedero. La comunidad, que antes rechazaba la propuesta de manera tajante, ahora la apoya solo si no se convierte en un vertedero ni compromete los recursos hídricos de la zona, una postura que evidencia la necesidad de vigilancia y de explicaciones más convincentes por parte de las autoridades.
El ingeniero químico Raúl Herrera indicó que en la evaluación realizada en 993 mil metros cuadrados no se encontró arroyo, río, manantial ni ninguna fuente de agua que pudiera resultar afectada por el proyecto. Sin embargo, la persistencia de la controversia demuestra que el estudio, por sí solo, no ha cerrado el debate público. Luego de la reacción por la decisión sobre Romero, el Gobierno tendrá que calibrar sus intervenciones para no profundizar la desconfianza ni afectar la inversión nacional y extranjera.