Los manglares, una de las principales barreras naturales de las costas dominicanas, siguen retrocediendo bajo la presión de la expansión urbana, el desarrollo turístico, la agropecuaria y la contaminación. El dato resume el contraste entre el valor estratégico de estos ecosistemas y la falta de resultados suficientes para preservarlos: más de un tercio ha desaparecido en los últimos 50 años, con impacto no solo sobre la biodiversidad, sino también sobre actividades económicas clave como la pesca y el turismo.
Ante ese deterioro, la Fundación Atabey advierte que no basta con medir cobertura y plantea revisar la salud ecológica, la titularidad de los terrenos y el carbono almacenado en estas áreas. La entidad impulsa un fideicomiso público bolsa de carbono azul de República Dominicana para canalizar recursos con transparencia y trazabilidad, en respuesta a vacíos que identifica en la gestión ambiental: ausencia de una línea base nacional consolidada, necesidad de supervisión rigurosa sobre los desarrollos costeros, protocolos de restauración hidrológica y una estructura financiera que cubra los costos de validación y certificación internacional de créditos de carbono azul.
“Precisamente por eso promovemos la creación del fideicomiso público bolsa de carbono azul de la República Dominicana, como instrumento para organizar y canalizar recursos con transparencia, trazabilidad y reglas claras de reinversión territorial”, señaló Domingo Contreras, presidente del Centro de Innovación Atabey, en entrevista a elDinero. La propuesta coloca sobre la mesa una alerta institucional: sin controles más estrictos y mecanismos verificables, la presión sobre manglares y corales seguirá trasladando costos sociales y económicos a las comunidades costeras.