El Gobierno de Perú decretó el estado de emergencia por 60 días en cinco prisiones de alta seguridad, una decisión que traslada la crisis penitenciaria al terreno excepcional e incluye restricciones en un perímetro de hasta 200 metros alrededor de los recintos. La disposición del Ejecutivo de Keiko Fujimori alcanza a los penales de Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones.
Dentro de esa franja quedarán suspendidos derechos constitucionales vinculados con la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal. Además, la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas, asumirá acciones para resguardar el perímetro exterior, el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato.
El Gobierno afirma que la medida apunta a reforzar la seguridad ciudadana, mantener el control policial de los centros y prevenir eventuales fugas. Sin embargo, el alcance de la intervención vuelve a situar en primer plano la magnitud del problema que busca contener.
Según informó el propio Ejecutivo, habrá control estricto de accesos, labores de inteligencia y operativos permanentes para decomisar teléfonos móviles, tarjetas SIM y armas en poder de internos. El primer ministro, Luis Galarreta, defendió la decisión y sostuvo que el Gobierno impulsa acciones contra la inseguridad desde distintos sectores, incluso mientras espera la aprobación de facultades para actuar con mayor fuerza, un argumento que refuerza la exigencia de seguimiento público sobre resultados concretos de una medida que ya impacta garantías en el entorno de las cárceles.