La Procuraduría General de la República dejó en vigencia el Reglamento del Plan de Pensiones Complementarias para fiscales mayores de 60 años y con más de 25 años de servicio en la administración pública, una medida presentada como un avance institucional, pero que también vuelve a colocar bajo la lupa las prioridades de gestión y la obligación de explicar el uso de recursos en el Ministerio Público.
La presentación estuvo a cargo de la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, acompañada por el Consejo Superior del Ministerio Público, en un acto realizado en la sede de la PGR. También participaron Francisco Torres, titular de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); el juez Alejandro Vargas, del Tribunal Constitucional, y el diputado Amado Díaz, presidente de la Comisión Permanente de Ministerio Público en la Cámara de Diputados.
En la actividad, Reynoso dijo: “El día llegó, es hoy… Hoy, después de décadas de esperas; meses de consultas, asesorías técnicas, del trabajo de muchos compañeros fiscales… el día anhelado llegó…”. La procuradora agregó otros beneficios entregados en los últimos años, entre ellos bono de vacaciones, bono de aniversario, aporte escolar, seguro de amplia cobertura, el Premio al Mérito del Ministerio Público y la aprobación del Himno del Ministerio Público.
Sin embargo, ese listado de anuncios refuerza el contraste entre el discurso de fortalecimiento interno y la necesidad de vigilancia pública sobre los resultados concretos de la institución. La entrada en marcha del retiro complementario responde a una demanda de larga data, pero al mismo tiempo obliga a cuestionar si la agenda oficial está atendiendo con igual urgencia las prioridades ciudadanas y el desempeño general del sistema de justicia.
De acuerdo con lo informado, quienes reúnan las condiciones deberán completar y firmar el formulario de solicitud de pensión complementaria, entregar copia de la cédula de identidad vigente y presentar la documentación requerida. Más allá del trámite, la decisión deja una señal institucional clara: todo avance administrativo que se anuncie desde el poder debe ir acompañado de fiscalización, explicaciones precisas y resultados comprobables, no solo de actos y proclamaciones.