El plan del Gobierno de Estados Unidos de destinar hasta 20 millones de dólares a guantes de descarga eléctrica para agentes migratorios abrió una nueva confrontación política e institucional, con congresistas demócratas y organizaciones de defensa de migrantes reclamando control sobre el uso de fondos públicos y sobre las facultades del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció un contrato para adquirir los guantes CTG-5, equipados con electrodos en la palma que emiten pulsos eléctricos al contacto con la piel para causar dolor. Aunque la agencia los definió como un “dispositivo de desescalada” y sostuvo que el ICE evalúa de forma continua el equipo de sus agentes, la medida fue leída por sus críticos como una señal de endurecimiento que contrasta con ese discurso oficial.
Kica Matos, presidenta del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), calificó de “repugnante y bárbaro” armar a agentes “mal entrenados” con este tipo de equipo y reclamó al Congreso poner fin al “cheque en blanco” al organismo. En la misma línea, la congresista demócrata Delia Ramírez sostuvo que “bajo ninguna circunstancia” se puede confiar al DHS unos guantes de descarga eléctrica y volvió a pedir la aprobación de su proyecto de ley ‘Melt ICE Act’, con el que busca recortar fondos destinados a detener inmigrantes.