Santo Domingo. El informe “Justicia y Desarrollo Humano en la República Dominicana”, presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en coordinación con el Poder Judicial, reconoce avances en modernización, eficiencia y transformación digital de la justicia dominicana, pero deja abierta una advertencia central: esos progresos todavía deben reflejarse de manera más directa en la vida de las personas.
Durante la actividad celebrada en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), encabezada por la representante residente del PNUD en el país, Ana María Díaz, el estudio subrayó que el sistema ha fortalecido su capacidad de respuesta con reducción de la mora judicial, herramientas tecnológicas, servicios digitales y políticas orientadas a la transparencia, la inclusión y la atención a sectores vulnerables. Sin embargo, el propio reporte sitúa el debate en el terreno de los resultados concretos y no solo en los indicadores institucionales.
Según el análisis, la capacidad resolutiva promedio alcanza 94.9 %, se han firmado digitalmente más de tres millones de documentos y cerca del 66 % de los trámites judiciales ya se realizan de manera electrónica, aunque con diferencias entre territorios. “Los datos muestran una justicia que avanza. El reto ahora es consolidar esos logros para que se traduzcan en un acceso efectivo y equitativo para toda la población”, expresó Díaz. El informe, elaborado con indicadores institucionales, registros administrativos, entrevistas, encuestas exploratorias y revisión documental, identifica ocho hallazgos y plantea 11 recomendaciones, en una señal de que la modernización aún requiere fiscalización, seguimiento y mayor conexión con las prioridades ciudadanas.