La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, aseguró que el Ministerio Público está “100% preparado” para la entrada en vigor del nuevo Código Penal (Ley 74-25), una declaración que eleva la presión institucional sobre la aplicación efectiva de la reforma y abre un nuevo foco de fiscalización sobre los resultados que verá la sociedad.
Durante el taller “Código Penal abierto ante la prensa y la comunicación”, Reynoso afirmó que la institución acumuló más de un año de preparación operativa, institucional y de capacitación intensiva, y que no esperó la aprobación final para adecuar su estructura técnica. Según explicó, a través de la Escuela del Ministerio Público se cumple un año de formación intensiva a fiscales y personal técnico, mientras se prepara una nueva promoción de fiscales de carrera y se prevé convocar otro grupo en el corto plazo.
La Procuraduría también informó que habilitó 100 nuevos relevos en los 37 distritos judiciales y sumó 140 abogados para la asistencia integral de las víctimas. Con ese despliegue, Reynoso sostuvo que la institución cuenta con recursos, personal técnico y logística para asumir la transición penal. Pero al presentar el cambio normativo como una “necesidad de la sociedad”, la propia declaración deja planteado el contraste que ahora marcará el debate público: si la preparación oficial anunciada se traduce en respuesta real para víctimas y ciudadanos, o si el nuevo código volverá a medirse entre discurso institucional y resultados concretos.