Las protestas en San Juan de la Maguana y Consuelo reflejan un descontento creciente hacia la gestión del gobierno en la provisión de un recurso vital: el agua. Mientras que en San Juan los ciudadanos se oponen a la explotación minera de la empresa canadiense GoldQuest, que amenaza con contaminar sus fuentes de agua, en Consuelo los residentes exigen soluciones concretas para el suministro de agua potable, tras la rotura de un tanque que ha dejado a la comunidad sin acceso al líquido por seis meses.
En Consuelo, la paciencia se ha agotado y unas 150 personas se manifestaron pacíficamente, demandando la instalación de un nuevo tanque. La respuesta del gobierno ha sido insuficiente, con promesas incumplidas por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y del síndico local. La versión de que el partido oficialista, el Revolucionario Moderno (PRM), ha intentado desincentivar la participación en estas protestas, solo añade a la percepción de desconexión entre el poder y las necesidades de la población.
Ambas comunidades, aunque distantes, comparten una lucha común por el acceso al agua, evidenciando la falta de resultados tangibles en la gestión del gobierno de Luis Abinader. Este escenario plantea una urgente necesidad de rendición de cuentas y una revisión crítica de las prioridades del gobierno, que parecen estar más enfocadas en intereses económicos que en el bienestar de los ciudadanos.