La competencia puede favorecer el crecimiento, mejorar los precios para los consumidores y aumentar la capacidad de los países para insertarse en los mercados internacionales. Sin embargo, en República Dominicana ese potencial se enfrenta a un problema estructural todavía sin resolver: el 53% del empleo se desarrolla en condiciones informales, con mayor peso en comercio (26.8%), servicios (25.9%) y construcción (14.9%).
En una entrevista con elDinero, la economista principal del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Vanessa Alviarez, sostuvo que una mayor competencia crea incentivos para que las empresas contraten más empleo formal y de mejor calidad. No obstante, advirtió que, para avanzar hacia mercados laborales más formales, también hacen falta políticas dirigidas a reducir las barreras existentes, en un escenario en el que la informalidad continúa entre los principales desafíos de América Latina.
La especialista añadió que las limitaciones geográficas y las dificultades para que trabajadores y empresas se vinculen con nuevas oportunidades laborales, sectores y regiones alimentan esa informalidad. En ese marco, el debate para modernizar la normativa de competencia abre un frente de vigilancia institucional: el reto no se limita a actualizar reglas, sino a traducir ese marco en resultados concretos sobre formalización, salarios reales y acceso a mercados más diversos para la población.