Representantes de organizaciones ambientalistas, comunitarias y religiosas reclamaron este martes una mayor fiscalización del proyecto de la Autopista del Ámbar, al sostener que la obra no responde a las necesidades de desarrollo de Santiago y Puerto Plata y que podría servir para facilitar actividades mineras en la cordillera Septentrional. Durante una rueda de prensa, Jorge Morel, del movimiento Unidos Somos Más, afirmó que la carretera favorecería a «intereses particulares» y la describió como una «fachada legal» para extraer recursos minerales sin declarar la actividad minera ante el país.
El señalamiento también puso el foco sobre el uso de los recursos públicos. Morel cuestionó la inversión estimada en 32,000 millones de pesos y planteó que esos fondos podrían dirigirse a mejorar y ampliar las vías ya existentes, así como a comunidades que todavía no cuentan con carreteras asfaltadas. Además, advirtió sobre efectos negativos en fuentes acuíferas, fauna y biodiversidad de la cordillera Septentrional, ecosistemas que, según dijo, están en condición de vulnerabilidad.
A las críticas se sumaron Nelson Reyes Estrella, de la Fundación Ecológica Tropical (Fundetrop), quien calificó la autopista como una «amenaza» para los recursos naturales de la zona, y el sacerdote católico Ramón -Nino- Ramos, que aseguró que existen «vínculos entre los promotores del proyecto vial y concesiones mineras ubicadas en la zona por donde estaría trazada la carretera». Ramos llamó a la población del Cibao a participar en una caminata de protesta el próximo domingo en Puerto Plata, que sería la séptima movilización contra la obra, mientras las organizaciones advirtieron que mantendrán sus manifestaciones de rechazo.