Los Ángeles.- Al cumplirse un año de las redadas migratorias en el condado de Los Ángeles, el saldo que persiste no se limita a una operación de fuerza: también dejó un costo humano que reactivó las exigencias de control sobre el poder. Los operativos, iniciados el 6 de junio de 2025 por agentes enmascarados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), convirtieron al condado en un laboratorio de la política de deportaciones masivas del presidente Donald Trump, con un balance que incluyó la muerte de indocumentados y estadounidenses.
La molestia fue más allá de las protestas de defensores de derechos civiles. En Ambiance Apparel, uno de los primeros blancos, detuvieron a más de 40 trabajadores. Uno de ellos, de 33 años, contó a EFE que fue arrestado “sin brindarle derechos” y que no se le respetó el debido proceso. Pasó más de una semana antes de poder hablar con un abogado y permaneció más de dos meses en la cárcel migratoria de Adelanto, en California, un centro que acumula múltiples denuncias por negligencia.
El caso también puso en evidencia el efecto prolongado de estas acciones sobre comunidades vulnerables. La campaña Lucha Zapoteca, impulsada por la Warehouse Workers Resourse Center, acompaña a 15 trabajadores de raíces indígenas detenidos en esa compañía, de los cuales tres ya fueron deportados. Los operativos simultáneos alcanzaron además más de siete lugares, incluida una tienda Home Depot, donde jornaleros que ofrecían su trabajo fueron rodeados y arrestados, lo que reforzó el contraste entre el discurso de control migratorio y las consecuencias denunciadas por los afectados.