La reforma de la seguridad social vuelve al centro del debate nacional en un contexto de cuestionamientos de fondo al modelo vigente. Desde la aprobación de la Ley 87-01 en 2001, el sistema fue presentado como una vía para asegurar pensiones dignas, servicios de salud adecuados y protección social; sin embargo, más de dos décadas después, amplios sectores sostienen que esos resultados no se han concretado y que el esquema ha favorecido más a sectores económicos ligados al negocio previsional que a los trabajadores y afiliados.
La propia ley preveía una revisión integral diez años después de su promulgación, pero esa corrección no llegó de manera profunda ni estructural. En cambio, el país ha acumulado ajustes parciales y coyunturales, descritos como parches que han mantenido el modelo existente sin colocar en el centro los derechos de las personas afiliadas. Ese contraste entre lo prometido y la realidad ha alimentado una crisis de legitimidad social del sistema.
Con el Congreso Nacional llamado a impulsar una reforma integral y el Poder Ejecutivo elaborando una propuesta a través de la SIPEN y la SISALRIL, el foco pasa ahora a la manera en que se está construyendo esa modificación. La demanda de participación de los afiliados surge como una advertencia institucional: la reforma no puede seguir restringida a tecnócratas, funcionarios y actores económicos, si lo que está en juego es corregir un modelo cuya falta de resultados ha erosionado la confianza ciudadana.