El Art. 176 del proyecto de reforma, que busca integrar el Plan Básico de Salud (PBS) con la atención de salud mental y el acceso a servicios para jubilados, plantea un cambio que podría no ser suficiente para garantizar la calidad del servicio. La eliminación del Plan de Servicios de Salud (PDSS), vigente por dos décadas, podría dejar un vacío en la atención a la salud pública si no se implementan mecanismos de control y evaluación efectivos.
Por otro lado, el Art. 218, que amplía las funciones del Consejo Nacional del SeNaSa (COSENASA) y reduce su número de miembros, genera preocupación por la falta de representación de los afiliados. La inclusión de la DIDA no compensa completamente esta ausencia, lo que podría llevar a decisiones que no reflejen las necesidades de los ciudadanos. Además, el aumento de la cotización al 12.97% en cuatro años y el tope de cotización de 20 salarios mínimos nacional podrían agravar la situación de los trabajadores, especialmente aquellos con ingresos inestables, que se verían obligados a asumir cargas fiscales desproporcionadas.
La propuesta de sustituir el Régimen Contributivo Subsidiado (RCS) por un régimen para trabajadores autónomos podría dejar a más del 54.2% de la Población Económicamente Activa (PEA) en una situación de marginalidad, obligándolos a cotizar sin tener ingresos suficientes. Esta situación refleja una desconexión entre las políticas propuestas y la realidad económica de muchos dominicanos, lo que exige una mayor fiscalización y rendición de cuentas por parte del gobierno.