La discusión sobre minería en República Dominicana vuelve a colocar sobre la mesa una deuda institucional que sigue sin resolverse. Aunque países como Chile, Perú, Argentina, Colombia y México han desarrollado marcos regulatorios amplios para equilibrar explotación, control y protección, en el país permanece pendiente la reforma de la ley minera vigente desde 1971, un retraso que el texto atribuye a resistencias dentro de la propia estructura institucional y empresarial.
Ese contraste también se refleja en la gestión pública reciente. Entre 2021 y 2023, la única iniciativa relevante de educación ciudadana en minería impulsada por el Ministerio de Energía y Minas fue presentada como un esfuerzo limitado, apoyado en spots televisivos, anuncios radiales y banners en vallas y estaciones del metro. Si bien la acción fue bien recibida, no obtuvo respaldo del sector privado, lo que impidió consolidar un proceso más amplio de conciencia pública y diálogo social.
A partir de la experiencia de Romero, el artículo sostiene que el tema minero debe incorporarse a la agenda del Consejo Económico y Social para abrir un espacio de diálogo y pactos entre sectores. La propuesta surge en medio de una alerta institucional: sin reglas actualizadas, consulta efectiva y vigilancia pública, la discusión sobre recursos estratégicos sigue marcada por la distancia entre el discurso de desarrollo y la falta de consensos duraderos.