El Senado sancionó de urgencia un proyecto de ley que prohíbe la importación y fabricación de foam, dentro de una reforma a la legislación sobre residuos sólidos que también establece una contribución obligatoria. Aunque la medida fue aprobada en dos lecturas, su aplicación deja abiertas preguntas sobre fiscalización, seguimiento y el alcance real de la reforma.
La pieza legislativa introduce cambios de impacto directo para productores, importadores y consumidores, por lo que su puesta en marcha dependerá no solo de la aprobación congresual, sino de la capacidad del Estado para ejecutar, supervisar y hacer cumplir las nuevas disposiciones. En ese punto, la atención pública se traslada del anuncio al resultado: cómo se aplicará la prohibición, quién la controlará y con qué mecanismos se verificará el cumplimiento.
La inclusión de una contribución obligatoria agrega otra capa de interés sobre la reforma. Más allá de la sanción del proyecto, el debate ahora pasa por la transparencia en la implementación, el costo para los sectores involucrados y el efecto que tendrá en la gestión de residuos.
Aunque el Senado ya dio el paso legislativo, el texto aprobado no resuelve por sí solo los vacíos sobre ejecución. En consecuencia, la discusión queda abierta sobre si las autoridades contarán con controles suficientes para que la medida no se quede en una declaración de intención y se traduzca en resultados verificables para la ciudadanía.