El Senado aprobó el proyecto de ley sobre turismo de salud, una iniciativa que lo declara prioridad nacional y establece un marco institucional para regularlo, promoverlo y fortalecerlo. La decisión, presentada como un paso para atraer inversiones, crear empleos y afianzar a República Dominicana como destino líder en el Caribe, también vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de control y rendición de cuentas en un sector que ya mueve alrededor de 1,400 millones de dólares en la economía dominicana.
La propuesta llega luego de que el Gobierno de Luis Abinader iniciara este proceso en 2021 con el Decreto 787-21, que ordenó la coordinación entre Salud Pública y Turismo. Con un mercado global que supera los 600 mil millones de dólares al año y con el turismo de salud representando cerca del 4 % de los visitantes que llegan al país, el paso del Congreso desplaza el debate desde la promoción hacia los resultados concretos: cómo se asegurará la calidad sanitaria, qué impacto tendrá realmente en distintas regiones y bajo qué mecanismos se supervisará la relación entre el Estado y el sector privado.
Entre los pilares de la iniciativa figura la creación del Consejo Consultivo de Turismo de Salud (COTSA), adscrito al Ministerio de Salud Pública y concebido para la asesoría, la promoción y el apoyo estratégico. La participación conjunta de entidades gubernamentales y organizaciones privadas refuerza la apuesta institucional, pero también aumenta la necesidad de vigilancia sobre la ejecución de la política pública. Con la aprobación en el Senado, el impulso legislativo queda marcado no solo por la promesa de posicionamiento internacional, sino por la exigencia de que esa prioridad nacional no se quede en estructura oficial ni en promoción, sino en resultados verificables y supervisados.