El dato central es difícil de relativizar: de 36,986 muertes ocurridas en los primeros 28 días de vida y notificadas al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) entre 2013 y 2023, 25,652, equivalentes al 69.4%, fueron clasificadas como potencialmente evitables. Otras 7,769 defunciones, el 21.0%, correspondieron a causas no evitables según los criterios aplicados, mientras en 3,565 casos, el 9.6%, la información disponible no permitió establecer adecuadamente su evitabilidad.
La proporción reubica el problema fuera de la explicación cómoda de lo inevitable. Aunque los trastornos respiratorios y pulmonares, las infecciones, la prematuridad, el bajo peso y las alteraciones del crecimiento fetal describen cómo se producen estas muertes, el propio análisis apunta a que una parte sustancial estuvo vinculada a eventos sobre los que el sistema de salud podía intervenir antes del embarazo, durante la gestación, en el parto, en las primeras horas de vida o en la atención posterior del recién nacido. El contraste entre esa capacidad de intervención y el resultado observado abre una alerta institucional sobre gestión y resultados.
El texto advierte que evitabilidad no equivale automáticamente a negligencia, pero esa precisión no reduce el peso del hallazgo: siete de cada diez muertes registradas estuvieron asociadas con causas frente a las cuales existen intervenciones preventivas, obstétricas, clínicas o sanitarias capaces de reducir el riesgo de morir. En un tema de tan alto costo social, las cifras refuerzan la necesidad de fiscalización, mejor información y seguimiento público sobre por qué esas herramientas no lograron traducirse en una reducción suficiente de las defunciones neonatales.