El Ministerio Público depositó ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago la solicitud de medida de coerción contra los apresados en la Operación XL526, expediente en el que investiga una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos. En el caso figuran como presuntos cabecillas Carlos José Parra Languar, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte, además de otros imputados señalados como miembros operativos.
Pese a ese paso procesal, la defensa denunció obstáculos vinculados a garantías básicas. Abogados afirmaron que hasta este jueves no habían sido notificados formalmente de la instancia depositada y que tampoco habían tenido acceso completo a sus representados para preparar sus estrategias legales, una situación que añade presión sobre la transparencia del procedimiento en una causa de alto perfil.
Kilvio González, abogado de Danny Rafael Laguar Ferreira, dijo que su defendido es ingeniero civil y negó su relación con la estructura investigada. Además, explicó que la solicitud de coerción habría sido depositada alrededor de las tres de la madrugada y que aún estaba en proceso de organización y cotejo de pruebas, lo que, según afirmó, retrasó la notificación a las distintas defensas. En medio de la gravedad de las acusaciones, las denuncias sobre debido proceso ponen el foco no solo en los imputados, sino también en la obligación de las autoridades de sostener el caso con apego estricto a las reglas.