La decisión del presidente Luis Abinader de suspender las actividades vinculadas al proyecto minero Romero, en San Juan, quedó presentada como una respuesta a una demanda ampliamente expresada por la sociedad sanjuanera y por buena parte del país en defensa del agua, la salud, la tierra productiva y la vida. El giro, sin embargo, también deja bajo escrutinio la forma en que se manejó un proyecto de alto impacto que terminó enfrentando rechazo social por falta de información clara, transparencia, consulta seria y aceptación comunitaria.
Mientras grupos empresariales y sus voceros alegan afectaciones a la libre empresa y a la seguridad jurídica, el propio debate ha puesto en primer plano que ninguna inversión puede situarse por encima de la Ley 64-00, de la Evaluación Ambiental Estratégica, de la consulta pública ni del derecho comunitario a ser escuchado. En ese contexto, la controversia alrededor de GoldQuest, empresa canadiense con participación de inversionistas dominicanos, refuerza la exigencia de vigilancia pública sobre decisiones que comprometen ríos, la presa de Sabaneta, la agricultura y el futuro regional.
La suspensión no cierra la discusión: la traslada al terreno de la rendición de cuentas. San Juan, según el texto original, no rechaza el desarrollo, sino que se le cambie su destino sin tomarlo en cuenta. Ese contraste entre discurso de progreso y resistencia comunitaria vuelve a colocar sobre el Gobierno la obligación de demostrar que la gestión de los recursos naturales responderá al interés nacional, a la ley y a la soberanía, y no solo a presiones económicas o bursátiles.