El Tribunal Constitucional declaró inadmisible, por notoria improcedencia, la acción de amparo con la que Alexander Montilla Sierra buscaba frenar un embargo inmobiliario en su contra y reponer los plazos procesales del caso. La sentencia TC/0784/26 rechazó el recurso presentado contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa y Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión, aprobada por la mayoría de los jueces del pleno, mantiene abierto el curso de una medida vinculada a una investigación que nació en una de las líneas de la Operación Antipulpo. El expediente alcanza a Alexander Montilla Sierra, a su hermano Maxy Gerardo y a otras personas físicas y jurídicas, en indagatorias por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En un escenario de presión ciudadana por rendición de cuentas sobre el uso de recursos y contrataciones del Estado, el fallo refuerza la necesidad de vigilancia institucional sobre procesos que tocan patrimonio, compras públicas y manejo del poder. El magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo por haber intervenido antes en el proceso, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.