Organizaciones de la sociedad civil y personas particulares acudieron al Tribunal Constitucional con una Acción Directa de Inconstitucionalidad contra varias disposiciones de la Ley 74-25, abriendo un nuevo frente de fiscalización sobre una norma que, según las accionantes, obliga a mujeres, adolescentes y niñas a soportar una carga corporal y emocional desproporcionada cuando el feto es incompatible con la vida extrauterina. El recurso plantea que esa segunda causal es compatible con la Carta Magna y que la continuación forzada de un embarazo inviable vulnera la dignidad y derechos fundamentales.
Entre las firmantes figura Rosa Herminia Hernández, madre de Rosaura Almonte Hernández “Esperancita”, cuyo caso volvió a colocarse como antecedente central del debate. De acuerdo con el comunicado citado en la información, la demanda fue presentada junto con la Alianza Cristiana Dominicana y Católicas por el Derecho a Decidir República Dominicana, y solicita declarar inconstitucionales los artículos 106, 107, 108, 111 y la expresión «fuera de la eximente del artículo 111» del artículo 110 de la Ley 74-25.
La jurista Ivanna Molina, integrante del equipo legal, afirmó que la acción no busca modificar el artículo 37 de la Constitución ni eliminar la protección prenatal, sino interpretarlo de forma armónica con los derechos a la vida, la salud y la dignidad. Así, el caso vuelve a poner bajo vigilancia la distancia entre la protección proclamada por la norma y sus efectos concretos sobre personas en situaciones extremas, mientras el TC queda ante una decisión con impacto institucional y social.