Los sectores de renta media y alta de Santo Domingo han cambiado con rapidez su perfil urbano: donde hace dos décadas predominaban casas aisladas y edificios de poca altura, hoy avanzan construcciones en altura en zonas como Naco, Gascue y el Ensanche Ozama. El texto atribuye ese giro a un desarrollo inmobiliario dominado por promotores comerciales que buscan el mayor beneficio, con un costo visible sobre la vida urbana de esos sectores.
La advertencia central no apunta solo al mercado, sino a la gestión pública. Según el artículo, la expansión de este modelo tiene raíces en la falta de supervisión de las normativas existentes y en autoridades municipales que promueven y aprueban proyectos hiperdensos pese a normativas, reglamentos y leyes. El resultado, plantea, es una ciudad que confunde desarrollismo con desarrollo urbano concertado, mientras se agravan el impacto ambiental, la escasez de parques urbanos y el congestionamiento vehicular. En ese marco, la gestión municipal de Carolina Mejía queda bajo presión de fiscalización por el contraste entre la idea de progreso asociada al skyline y los efectos concretos sobre servicios y calidad de vida.
La pieza sostiene que la ciudad debe seguir desarrollándose, pero de forma inteligente, no bajo un esquema que “no aporta nada a la ciudad” y se vende como aspiración. Ese señalamiento instala una alerta institucional sobre el modelo de permisos y aprobación urbana en la capital: más que una discusión estética, el debate pasa por rendición de cuentas, prioridades ciudadanas y resultados de gestión frente a un patrón de densificación que el propio texto describe como desordenado y caótico.