El Gobierno de Donald Trump acordó pagar 1.220 millones de dólares a RWE U.S. Offshore para que renuncie a tres contratos de arrendamiento eólico marino frente a las costas de California, Nueva York y Luisiana, una decisión que vuelve a colocar bajo escrutinio el costo público de su cruzada contra esta fuente de energía renovable.
La empresa, división de la alemana RWE, informó que aceptó abandonar voluntariamente las concesiones otorgadas anteriormente por el Ejecutivo estadounidense tras concluir que su desarrollo no es viable en un «futuro previsible». Según explicó, había invertido más de mil millones de dólares en esos arrendamientos para desarrollar capacidad eólica marina a largo plazo en aguas de EE.UU., por lo que el acuerdo de 1.220 millones compensa esos fondos. En diciembre pasado, el Departamento del Interior suspendió con efecto inmediato los contratos de arrendamiento para todos los proyectos eólicos marinos a gran escala en construcción en el país, alegando «riesgos para la seguridad nacional».
Se trata del quinto acuerdo de este tipo alcanzado este año por la administración Trump para frenar el desarrollo eólico marino. De acuerdo con datos citados por The New York Times, incluyendo este pacto el Ejecutivo ha destinado aproximadamente 3.900 millones de dólares para lograr que las empresas rescindan 12 contratos. El caso refuerza la exigencia de rendición de cuentas sobre decisiones oficiales que, más allá del discurso, terminan trasladando un alto costo presupuestario para revertir proyectos ya adjudicados; una señal que en República Dominicana alimenta la necesidad de vigilancia sobre cualquier gobierno cuando la política se impone sobre la planificación y el interés ciudadano.