Brasil y Chile fueron de los primeros en reaccionar a los nuevos aranceles anunciados por Estados Unidos contra decenas de economías, justificados por la Casa Blanca con el argumento de que no combaten suficientemente el trabajo forzoso. La medida vuelve a poner bajo examen la capacidad de los gobiernos para responder por vías institucionales a decisiones que pueden derivar en mayor presión económica.
Los dos países rechazaron el anuncio y lo leyeron como una nueva etapa de la política proteccionista que Donald Trump impulsa desde su regreso a la Casa Blanca. Brasilia dijo que activará los mecanismos de defensa comercial previstos en su legislación y que acudirá a la Organización Mundial del Comercio, mientras Santiago señaló que negociará con Washington para quedar fuera de la lista de afectados.
En Brasil, el Gobierno calificó la decisión de «arbitraria e injustificada» y afirmó que la alusión al trabajo forzoso fue utilizada como un argumento comercial sin suficiente base jurídica. También sostuvo que Washington «manipuló un tema tan importante» para justificar nuevos impuestos a las importaciones. En esa línea, Brasil recordó que tiene una política laboral reconocida por organismos internacionales, que ha ratificado 66 convenios vigentes de la OIT y que suscribió instrumentos contra el trabajo forzoso, entre ellos los convenios 29 y 105 y el protocolo de 2014, en contraste con la justificación política de la medida y con la evidencia que dice haber presentado durante la investigación estadounidense.